Demandas colectivas[i] siguen aumentando en toda Europa. Lo que antes se consideraba un concepto estadounidense, ahora forma parte del panorama jurídico europeo y abarca cuestiones relacionadas con la competencia, el consumo, la protección de datos y la responsabilidad por productos defectuosos. Las jurisdicciones están introduciendo o ampliando los mecanismos de acción colectiva y de reparación, las entidades demandantes se están volviendo más activas y la financiación de litigios es cada vez más accesible[ii]. Al mismo tiempo, hemos observado cómo se multiplican los datos (pruebas) que sustentan estos litigios, generados en mayores volúmenes y distribuidos por más sistemas, dispositivos y canales que nunca[iii]. Lo que los demandados suelen subestimar es que una acción colectiva es, ante todo, un problema de datos antes que un problema jurídico.

Nada de esto es una moda pasajera. Durante casi veinte años, la UE ha trabajado para crear un marco común para las acciones colectivas, y ese marco sigue consolidándose y evolucionando[iv]. El efecto práctico es sencillo: más demandas, grupos más numerosos y mayor exposición, en más sectores que antes. Ese crecimiento se refleja en un aumento de la cantidad de datos que deben identificarse, analizarse y revisarse[v]. Los datos subyacentes a estos litigios se encuentran, por consiguiente, dispersos: en distintos países, sistemas y canales, desde el correo electrónico y los teléfonos móviles[vi] hasta las plataformas de chat y en la nube[vii]. Cada dato deja un rastro, y en cualquier litigio ese rastro es crucial. Lo difícil ya no es cuestionar si los datos existen, sino encontrarlos, interpretarlos y utilizarlos en tu beneficio.

Este artículo muestra, a través de un ejemplo, lo devastadoras que pueden ser las consecuencias cuando falla la gestión de datos en la fase de responsabilidad y en la fase de distribución. A continuación, aborda, desde la perspectiva del demandado, el papel de los datos y la tecnología jurídica en ambas fases. Tras la conclusión, el artículo se cierra con algunos consejos prácticos.

Puntos clave Los datos son decisivos. Deben integrarse a lo largo de todo el ciclo de vida de una demanda colectiva, desde el momento en que se vislumbra la posibilidad de que se presente una. Una evaluación temprana de la solidez de las pruebas, del tamaño y la configuración probables del colectivo y del riesgo de exposición permite a una parte marcar el rumbo del caso, en lugar de limitarse a reaccionar ante los movimientos de la otra parte. Controlar y presentar pruebas. Localizar lo que existe, presentar lo que debe divulgarse y poder demostrar la ausencia de material relevante —en lugar de que dicha ausencia dé lugar a inferencias adversas en su contra— garantiza el control del relato. Revisar las reclamaciones recibidas a gran escala. Verificar quién pertenece al colectivo y qué se le debe realmente a cada miembro supone un reto tanto en términos de volumen como de método.

El coste de no saber

Las consecuencias de perder el control sobre los datos no son meramente procedimentales ni teóricas. Cuando una organización no conoce ni sus propios registros ni a la población a la que, en última instancia, debe indemnizar, los incumplimientos en materia de responsabilidad pueden derivar en fallos a la hora de ofrecer una reparación.

El escándalo informático de «Horizon» en Correos (Reino Unido)

En el Reino Unido, entre 1999 y 2015, la empresa estatal Post Office Limited (Post Office) consideró responsables a miles de sus subdirectores de oficina de correos por los déficits contables detectados por «Horizon», un sistema informático, y procesó[viii] a cientos de ellos por robo y falsedad contable. En muchísimos casos, los déficits eran imaginarios y se debían a fallos, errores y defectos del propio Horizon.

A raíz de ello, 555 subdirectores de oficina de correos interpusieron una demanda colectiva contra Correos[ix], que dio lugar a dos sentencias que respaldaron en gran medida los argumentos de los demandantes. Lo que siguió incluyó un acuerdo extrajudicial por valor de 57,75 millones de libras esterlinas unos días antes de la sentencia definitiva, la anulación de las condenas por parte de los tribunales y mediante legislación[x], una investigación encargada por el Gobierno[xi] y pagos en concepto de indemnización que superaron los 1.400 millones de libras esterlinas[xii], lo que convirtió este caso en uno de los errores judiciales más trascendentales de la historia jurídica británica y en un caso de estudio relevante para ambas fases analizadas en este artículo.

La fase relativa a la responsabilidad fue la primera en fracasar. Durante años, Correos insistió en que Horizon era fiable, mientras que en sus propios archivos figuraban pruebas que demostraban lo contrario, incluido un informe independiente encargado por la propia empresa en el que se concluía que, en algunos casos, el sistema no era adecuado para su finalidad[xiii]. El tribunal calificó la defensa de «obstinación institucional»: meras afirmaciones mantenidas a pesar del peso de los propios documentos del demandado. Las dificultades de Correos con sus propios datos nunca terminaron. Años más tarde, la investigación legal seguía viéndose obstaculizada por la divulgación tardía de documentos[xiv], con audiencias aplazadas debido a continuos incumplimientos en la presentación de pruebas. Correos no fue capaz de hacer frente a su propio historial durante el litigio y no pudo presentarlo a tiempo posteriormente. Nunca controló su caso, por lo que fue el caso el que la controló a ella.

Además, la fase de distribución también fracasó. Los planes de indemnización que siguieron al litigio no consistían en una distribución ordenada por un tribunal, pero el reto operativo era muy similar. Correos tuvo dificultades para verificar los requisitos y evaluar las solicitudes a gran escala.

Cuando Correos puso en marcha el Programa de Compensación por Déficit de Horizon, esperaba recibir reclamaciones «del orden de unos pocos cientos». A fecha de 27 de noviembre de 2020, había recibido más de 2.400 reclamaciones admisibles. Las directrices sobre las pérdidas indirectas no se publicaron hasta aproximadamente cuatro meses después del lanzamiento del programa y dos meses antes de su fecha de cierre prevista. A fecha de 26 de junio de 2026, el programa había recibido más de 14 000 reclamaciones, incluidas las reclamaciones admisibles presentadas fuera de plazo, mientras que se habían abonado más de 1 400 millones de libras esterlinas a través de los programas de indemnización a cerca de 13 000 reclamantes. Las reclamaciones seguían tramitándose[xv].

La conclusión de la investigación fue contundente: el Programa de Compensación de Déficits de Horizon no había proporcionado de manera sistemática una reparación plena y justa, especialmente en el caso de las reclamaciones de mayor cuantía. La diferencia entre el número de reclamantes previsto y el número real de reclamantes se convirtió en un problema de distribución en sí mismo.

Fase I – Responsabilidad civil

El escándalo informático «Horizon» de Correos pone de manifiesto que las consecuencias de una mala gestión de los datos pueden hacerse más evidentes durante el proceso de indemnización, pero a menudo tienen su origen mucho antes. Antes de que un colectivo pueda recibir una indemnización, es necesario determinar la responsabilidad. Esta fase gira en torno a una pregunta: ¿es el demandado responsable del presunto perjuicio? La respuesta se determina a partir de las pruebas: los registros internos de lo ocurrido y lo que sabía el demandado.

Desde el punto de vista de los datos, hay dos aspectos importantes en esta fase y se desarrollan de forma secuencial.

1. Analiza bien tu propio caso. Aclara cuáles son los hechos reales, dónde están los puntos débiles y qué es lo que el expediente interno respalda y qué no.
2. Revela lo que deba revelarse. Cada vez más, los demandados deben entregar a la otra parte las partes pertinentes de ese mismo expediente.

Esta comprensión inicial es la base sobre la que se construyen la defensa y la estrategia. Acertar en la primera parte antes de que llegue la segunda es lo que distingue a un acusado que controla su posición de uno que se limita a reaccionar ante ella.

El cambio en la divulgación de información

Tradicionalmente, en la mayor parte de Europa continental no existía un procedimiento de «discovery» amplio al estilo estadounidense. El procedimiento de derecho civil suele atribuir a cada parte la carga de probar sus propios argumentos. A menudo, esto no conlleva la obligación general de entregar a la parte contraria todos los documentos pertinentes, incluido el material desfavorable. Cuando existen requisitos de presentación de documentos, suelen ser limitados y específicos para cada documento, en lugar de ser de carácter general.

El ámbito de aplicación de la normativa en Europa se está ampliando, y la señal más clara de ello es la Directiva sobre responsabilidad por los productos defectuosos[xvi] (PLD). Aprobada en 2024, la Directiva revisada sobre responsabilidad por los productos defectuosos debe transponerse antes del 9 de diciembre de 2026 y se aplicará a los productos comercializados o puestos en servicio a partir de esa fecha. La PLD moderniza un régimen que se había mantenido prácticamente inalterado desde la década de 1980: amplía la definición de «producto» y alivia la carga que recae sobre el demandante a la hora de demostrar la existencia de un defecto. Sin embargo, para el demandado, los cambios son mucho más significativos, ya que la PLD introduce la divulgación de información en los litigios por responsabilidad por productos defectuosos, en muchos Estados miembros por primera vez[xvii]. El legislador europeo pretende reducir la posible asimetría de información entre los demandantes y los fabricantes[xviii].

Si una demanda es plausible, un tribunal puede ordenar al demandado que revele las pruebas pertinentes que obren en su poder, con sujeción a los principios de necesidad y proporcionalidad y con la protección de los secretos comerciales. No se permite la búsqueda indiscriminada de pruebas. La obligación tiene carácter coercitivo: si el demandado no presenta lo que se le ha ordenado, se presume la existencia de un defecto, y recae sobre él la carga de refutarla. El hecho de no presentar las pruebas no se considera un hecho neutro, y «no las hemos encontrado» rara vez constituye una defensa. La incapacidad de presentar las propias pruebas corre el riesgo de interpretarse como una declaración sobre lo que dichas pruebas habrían demostrado.

Esto va más allá de añadir un trámite procesal; supone una exposición real. Dado que el concepto de «pruebas pertinentes» no está definido con precisión, una orden de divulgación puede abarcar material que una empresa nunca revelaría por iniciativa propia. Una vez que se presenta ese material, el control sobre él se debilita. Aunque existen medidas de confidencialidad, estas son gestionadas por los tribunales y no otorgan a la empresa un control total sobre cómo se maneja la información sensible una vez que ha entrado en el proceso judicial.

Las empresas deben considerar la divulgación de información como un riesgo que hay que gestionar desde el momento en que se vislumbra la primera reclamación, evaluando desde el principio qué revelan sus propios documentos y preparándose en consecuencia. Los demandados deben asegurarse de que comprenden sus propias pruebas mucho antes de que nadie les pida verlas.

La PLD es el ejemplo más claro de la ampliación de los regímenes de divulgación, aunque no es el único. La UE lleva más de una década incorporando la divulgación a sus regímenes. La Directiva sobre indemnizaciones por daños y perjuicios en materia de competencia[xix] (ADD) la introdujo en las demandas de competencia en 2014. La Directiva sobre acciones representativas[xx] (RAD) amplía la divulgación a las acciones representativas interpuestas por entidades cualificadas en una amplia gama de ámbitos[xxi]. Siempre que se cumplan las condiciones de la RAD, los tribunales deben poder ordenar la divulgación de las pruebas pertinentes que obren en poder del demandado.

Los legisladores nacionales están siguiendo la misma línea, y los Países Bajos amplían el acceso de los partidos a los documentos de los demás en su reforma procesal de 2025[xxii]. Además, los cambios no se limitan a un ámbito específico del Derecho; la nueva normativa no se aplica únicamente a la responsabilidad por productos defectuosos. Por lo tanto, un demandado en un litigio colectivo europeo debe contar con que se pueda ordenar la divulgación de parte de su documentación interna.

Prepararse adecuadamente

Si la divulgación puede sacar a la luz tus pruebas y el silencio juega en tu contra, la única estrategia sensata es conocer tu propio historial antes de que lo haga nadie más. Eso significa no esperar a que se avecine una reclamación para comprender tu panorama informativo, sino situarte en una posición que te permita responder con rapidez, en tus propios términos, cuando surja dicha reclamación.

Sin embargo, a la escala de una empresa moderna, llegar a esa situación no es nada sencillo. La información relevante se encuentra dispersa en años de correos electrónicos, chats, documentos y datos de sistemas, probablemente repartidos por todo el mundo. A menudo hay mucha más información de la que cualquier equipo puede analizar manualmente de forma realista, y mucho menos en el tiempo que permite un caso.

Cómo es la reseña en la práctica

La tecnología jurídica existe precisamente para abordar este problema. En la práctica, un análisis de todo el corpus ayuda a clasificar un gran volumen de datos no estructurados, distinguiendo lo que es relevante de lo que no lo es. Cada documento, dentro del ámbito de aplicación, se evalúa en cuanto a su relevancia para el asunto, se examina para detectar información privilegiada y, si es pertinente, se marca como documento clave (es decir, uno que respalde su posición o ponga de manifiesto un riesgo). Si se hace bien, esto es lo que convierte los datos brutos en una comprensión del caso, sin dejar de ser eficiente y proporcionado. Si se hace mal, o no se hace en absoluto, el demandado se ve obligado a hacer conjeturas sobre sus propios documentos.

La revisión asistida por tecnología, la analítica y la IA generativa pueden examinar rápidamente un corpus extenso, identificar los documentos relevantes y agruparlos por tema. De este modo, los revisores humanos acceden primero al material importante, agrupan los documentos por tema para que los hilos relacionados se evalúen conjuntamente y marcan el contenido que pueda estar protegido por el secreto profesional, de modo que se detecte antes de que se divulgue. Los modelos, utilizados adecuadamente en millones de archivos, pueden proporcionar un nivel de coherencia que resulta difícil de mantener para los grandes equipos de revisión, especialmente bajo presión de tiempo.

Si se utiliza correctamente, la IA puede agilizar el proceso de revisión y hacerlo más coherente sin que ello afecte a su fundamentación. La validación es lo que marca la diferencia entre ambos resultados.

La nueva funcionalidad va un paso más allá: la IA generativa puede basarse en el material revisado para elaborar los primeros borradores de los elementos en los que se fundamenta la estrategia de un caso: cronologías de acontecimientos clave, resúmenes de las pruebas por cada cuestión y resúmenes generales de lo que sabía cada depositario y en qué momento. Se trata de puntos de partida para los abogados, más que de conclusiones, y deben tratarse con precaución, pero reducen el tiempo necesario para pasar de un corpus revisado a una estrategia bien fundamentada de semanas a días.

Sin embargo, lo más importante no es la herramienta, sino la metodología que hay detrás de ella: un enfoque estructurado que permita formarse una visión interna clara de los hechos, de las cuestiones que sustentan el caso y de las pruebas subyacentes, todo ello sin dejar de garantizar la defendibilidad del mismo.

En qué consiste realmente la validación

La clave está en la defendibilidad. La calidad de una revisión depende de tu capacidad para defender el proceso en el que se basa. Eso significa utilizar estas herramientas de forma controlada, con resultados validados mediante muestreo, cuya precisión se haya medido, cuya calidad se haya comprobado y que se hayan documentado en cada paso, de modo que el proceso pueda explicarse y defenderse ante un tribunal[xxiii].

En una revisión asistida por tecnología, concretamente, la validación suele lograrse mediante un conjunto de control. Un conjunto de control es una muestra de documentos codificados por abogados con experiencia, que desconocen el modelo, y que sirve como referencia con la que se comprueba el sistema. A continuación, se mide el rendimiento del modelo en términos de recuperación (cuánto de lo relevante ha encontrado) y precisión (cuánto de lo que ha encontrado es relevante), con objetivos fijados y acordados antes de que comience la revisión, no después de obtener los resultados. Antes de descartar nada, se toma una muestra de la propia pila de documentos descartados, de modo que existe evidencia —y no solo esperanza— de que no se ha pasado por alto nada decisivo. Las decisiones sobre el privilegio cuentan con su propio nivel de control de calidad humano. Además, cada umbral, muestra y decisión se registra a medida que avanza la revisión, lo que genera un expediente que puede presentarse ante un tribunal que solicite información sobre cómo se elaboró el conjunto de documentos.

Los resultados de la validación te proporcionan una visión clara y contrastada de tus propios datos, así como la seguridad necesaria para compartirlos sabiendo exactamente qué es lo que estás facilitando y por qué.

Gobernanza de la información

Sin embargo, todo esto parte de una premisa: que los registros sigan existiendo y estén disponibles. Las políticas de conservación dejadas en «piloto automático», los mensajes de chat que se borran automáticamente y los dispositivos que se formatean cuando los empleados abandonan la empresa pueden afectar de forma imperceptible a la información disponible. El hecho de no conservar los registros pertinentes puede exponer al demandado a inferencias adversas u otras consecuencias procesales, en función de la normativa aplicable.

La medida de mitigación no es muy llamativa, pero está bien consolidada. Las políticas de conservación deben ser deliberadas, en lugar de automáticas. Por ejemplo, los calendarios de eliminación deben establecerse en función del tipo de datos y de las necesidades legales y empresariales reales, aplicarse de forma coherente y revisarse a medida que cambian los sistemas.

A todo ello hay que añadir los procedimientos de retención legal. Las organizaciones deben contar con un proceso contrastado para suspender la eliminación una vez que se activen las obligaciones de conservación en virtud de la legislación aplicable —a menudo cuando se contemple o sea previsible de forma razonable un litigio—, abarcando las fuentes que realmente importan en la práctica, como los chats, los dispositivos móviles y las cuentas de los empleados que abandonan la empresa. La conservación también implica mantener las pruebas intactas de forma válida desde el punto de vista forense, conservando los metadatos, de modo que, para cualquier documento dado, se pueda seguir demostrando cuándo se creó, quién lo creó y si se modificó.

Fase II: Distribución

La fase de distribución es la que tiene lugar una vez que se ha determinado la responsabilidad o se ha acordado un acuerdo. En esta fase, los demandantes individuales se presentan y indican lo que se les debe. Para el demandado, la cuestión pasa de centrarse en lo que ocurrió a centrarse en quiénes forman realmente parte de la demanda colectiva y qué se les debe realmente a cada uno de ellos, si es que se les debe algo.

Hay dos cosas importantes y, de nuevo, se suceden una tras otra.

1. Verificación de los miembros del colectivo. Lamentablemente, no todas las personas que presentan una demanda forman parte del colectivo, y cada reclamación debe verificarse comparándola con lo que el demandado ya sabe que es cierto.
2. Valoración de los daños y perjuicios. Es poco habitual que la cantidad reclamada y la cantidad adeudada sean idénticas. Un proceso exhaustivo debe evaluar los daños y perjuicios basándose en las pruebas disponibles, los hechos de cada reclamación y el marco de valoración.

La dificultad radica en la magnitud. Cuando se reciben decenas o cientos de miles de reclamaciones, resulta imposible evaluarlas una por una, y aceptarlas sin revisarlas genera errores y costes innecesarios. Ante tal volumen, es fundamental llevar a cabo una verificación y una valoración eficaces para indemnizar a los solicitantes con derecho a ello de forma precisa y coherente.

La forma en que se pueden validar las reclamaciones y los datos que se pueden obtener a nivel de cada reclamante dependen en gran medida del régimen y la jurisdicción aplicables. Por ejemplo, las reclamaciones adquiridas mediante cesión pueden requerir que cada expediente, derecho y perjuicio subyacentes se evalúen de forma individual, mientras que las acciones colectivas con opción de exclusión voluntaria derivadas de una conducta común pueden permitir una mayor estandarización cuando las circunstancias y los daños individuales sean suficientemente similares. Ambas requieren una validación, pero las pruebas necesarias, el flujo de trabajo y el grado de revisión individual pueden diferir sustancialmente.

Aspecto de los datos que se reciben

En la fase de responsabilidad, las pruebas son propias y se sabe, a grandes rasgos, dónde se encuentran, quién las ha creado y en qué sistemas se conservan. En la fase de distribución, las pruebas proceden del exterior, de los reclamantes, y a menudo a gran escala. La información puede adoptar muchas formas, desde formularios de reclamación y extractos bancarios hasta recibos, historiales médicos y fotografías. Puede presentarse en cualquier formato, estar incompleta o duplicada y, en algunos casos, ser fraudulenta. Todo ello debe procesarse y validarse de forma coherente.

Lo que hace que esta avalancha de reclamaciones sea manejable son los propios datos del demandado. Historiales de transacciones, registros de clientes, registros de productos, datos de entrega: estos son los datos de referencia con los que se puede contrastar cada reclamación, para confirmar que el reclamante compró el producto, era titular de la cuenta o sufrió la pérdida que describe. Un demandado que ya haya realizado el trabajo de la fase de responsabilidad ya comprende estos datos. Esa es la recompensa silenciosa de la primera mitad de este artículo: el corpus que has dominado para defender el caso es el mismo que ahora te permite verificar la demanda colectiva. Las dos fases no son problemas de datos independientes; son las dos caras de una misma moneda. Por eso es importante la integración. El proceso se vuelve significativamente más eficiente cuando las reclamaciones pueden revisarse directamente cotejándolas con los sistemas financieros, las plataformas ERP y otros datos internos.

La verificación y la valoración en la práctica

En la práctica, se trata de un análisis de cada reclamación recibida en función de dos cuestiones: si el reclamante forma parte del colectivo y, en caso afirmativo, a qué cantidad tiene derecho. La verificación consiste en extraer los hechos alegados en cada reclamación y cotejarlos con los datos de referencia: los nombres con los registros de clientes, las compras con los registros de transacciones y las fechas con la información que el demandado sabe que es cierta. También implica examinar las reclamaciones en su conjunto, y no solo de forma individual, ya que los reclamantes duplicados, los documentos reutilizados y los grupos de solicitudes casi idénticas solo se hacen evidentes al analizarlas en su conjunto. A continuación, en la valoración se aplica el marco de indemnización —ya sea establecido por un acuerdo, una sentencia o las normas del plan— a cada reclamación verificada, de modo que las reclamaciones sustancialmente equivalentes se evalúen de forma coherente.

A gran escala, nada de esto puede hacerse únicamente a mano. La tecnología se encarga ahora de gran parte del trabajo. Los modelos pueden leer los datos no estructurados que se envían y extraer la información relevante; la comparación con los datos de referencia puede realizarse automáticamente; y los casos claros pueden separarse de los controvertidos, de modo que el criterio humano se dedique a las excepciones, a los casos dudosos y a las reclamaciones que requieran un análisis más detallado. El proceso es similar al de la revisión en la fase de responsabilidad. La tecnología se encarga del volumen, pero son las personas las que deciden lo que es importante.

Proceso justificable

También en este caso, lo que distingue un proceso serio de uno arriesgado es la defendibilidad, pero el público ha cambiado. En la fase de responsabilidad, se defiende el proceso ante un tribunal. En la fase de distribución, se defiende ante los miembros del colectivo, ante el tribunal que aprueba el resultado y, si sale mal, ante la opinión pública. Cada reclamación rechazada es una decisión que quizá haya que justificar ante la persona a la que afecta. Cada reclamación aceptada supone un gasto que quizá haya que justificar ante quien financie el programa. Y la incoherencia —el hecho de que reclamaciones materialmente equivalentes se resuelvan de forma diferente— no es un error de redondeo a esta escala; al repetirse en miles de reclamaciones, se convierte en una cuestión de equidad.

Los requisitos son los mismos que ya se han explicado en la fase de responsabilidad. Los criterios deben aplicarse de forma coherente, las decisiones deben documentarse y someterse a controles de calidad mediante muestreo, y el proceso debe explicarse en detalle cuando alguien pregunte cómo se ha resuelto una reclamación. Si se gestiona así, la distribución da por cerrado el caso. Si se gestiona mal, como muestra el ejemplo de Correos, lo reabre.

Consideraciones sobre la privacidad

Dicho proceso puede implicar el tratamiento de historiales médicos, datos financieros u otros datos sensibles, así como la toma de decisiones que afecten de manera significativa a las personas. Esto exige controles de acceso, la minimización de datos, una revisión humana significativa de los resultados adversos, una vía para impugnar las decisiones y un registro auditable de cómo se ha llegado a cada decisión. Algunas de estas garantías ya están recogidas en la legislación. Cuando una decisión se basa exclusivamente en un tratamiento automatizado y produce efectos jurídicos o de importancia similar, se aplican las restricciones del Reglamento General de Protección de Datos[xxiv] (RGPD), salvo contadas excepciones. La Ley de Inteligencia Artificial[xxv] (Ley de IA) añade un nivel adicional de gobernanza para los sistemas de IA incluidos en su ámbito de aplicación, con obligaciones que se aplican por fases.

En materia de distribución, la coherencia no es una virtud técnica. Evaluar diez mil, o incluso cientos de miles, de solicitudes de forma justa implica aplicar los mismos criterios a las solicitudes que sean sustancialmente equivalentes.

Conclusión

Una demanda colectiva es, ante todo, un problema de datos antes que un problema jurídico. En la fase de responsabilidad, el caso se decide en función de hasta qué punto el demandado conoce su propio historial, en el marco de regímenes de divulgación que, cada vez más, pueden acarrear consecuencias adversas en caso de no revelar pruebas relevantes. En la fase de distribución, se decide en función de la capacidad del demandado para verificar y valorar las reclamaciones de miles de demandantes con respecto a ese mismo historial. Aunque los datos cambian de sentido, la disciplina no lo hace.

Esa continuidad es la lección práctica. El corpus que un demandado domina para defenderse de la responsabilidad es el mismo, o al menos la base de referencia con la que posteriormente verifica su clase. Los procesos que hacen que una revisión sea defendible —incluidas las decisiones documentadas, los criterios coherentes y los controles de calidad basados en muestreos— son también los que hacen que una distribución resista el escrutinio. El trabajo realizado con antelación se acumula, mientras que el trabajo aplazado debe completarse más tarde, bajo el plazo impuesto por el tribunal y no según el calendario del propio demandado.

Nada de esto es hipotético. El ejemplo de Correos ilustra fallos análogos a ambas fases dentro de un único escándalo de mayor alcance: no se enfrentó a su propio historial cuando se cuestionó su responsabilidad y no comprendió la magnitud ni la composición de la población con derecho a indemnización. Las consecuencias siguen manifestándose.

Para las organizaciones que se enfrentan a un riesgo real de demandas colectivas, la conclusión es incómoda, pero sencilla. Todas las tendencias apuntan en una misma dirección: más demandas, mayor transparencia, grupos de demandantes más amplios y más datos que lo sustentan todo. La cuestión de si los datos refuerzan la defensa o la debilitan se decide antes de que comience el proceso.

Los datos son fundamentales en las demandas colectivas, desde la fase de determinación de la responsabilidad hasta la distribución. Las organizaciones que cuenten con una gobernanza de datos adecuada, que identifiquen sus datos desde el principio, validen rigurosamente sus herramientas y diseñen procesos defendibles estarán en una posición óptima para controlar sus casos, en lugar de verse obligadas a ir a su búsqueda.

Consejos prácticos El éxito o el fracaso de las demandas colectivas depende de los datos. A continuación se indican medidas concretas para garantizar que su organización esté preparada tanto para la fase de responsabilidad como para la de distribución. Antes de que surja un litigio : elabore ya un mapa de su entorno de datos. Identifique los sistemas, los responsables del almacenamiento y las jurisdicciones en las que residen los datos. Un mapa de datos elaborado bajo presión está condenado al fracaso. Ponga en orden las políticas de conservación y retención legal. Revisa las políticas de eliminación automática (especialmente para datos efímeros como los chats) y asegúrate de que las retenciones puedan aplicarse en el momento en que sea previsible un litigio. Cuando se avecine una reclamación: Realiza una evaluación temprana del caso (ECA). Utiliza datos internos para determinar el tamaño del colectivo, evaluar la exposición e identificar las lagunas. Aprovecha esta información para orientar la estrategia desde el primer día. No dejes que la parte contraria defina la narrativa. Durante el proceso : Prioriza la defendibilidad frente a la novedad tecnológica. Valida las herramientas mediante muestreos, realiza un seguimiento de los indicadores de precisión y documenta cada paso. Un flujo de trabajo que no se pueda explicar ante un tribunal no es un flujo de trabajo, sino un riesgo. Recurre a personas para el criterio y a máquinas para la escala. Automatiza la clasificación, la agrupación y la correspondencia, pero reserva la revisión humana para las excepciones, los casos dudosos y las decisiones desfavorables. Registra siempre quién decidió qué. Documenta en tiempo real. Registra las decisiones, los criterios, las versiones y los controles de calidad a medida que se producen. A la hora de distribuir, limpia y deduplica los datos de referencia antes de que lleguen las reclamaciones. Los registros de clientes y transacciones que se puedan cruzar son la columna vertebral de una verificación escalable. Empezar con esto después de que se abra el portal garantiza retrasos. Diseña pensando en el solicitante honesto pero desorganizado. La mayoría de las solicitudes incompletas son legítimas. Incorpora flujos de trabajo de corrección y reenvío. Aplica la detección de fraudes en todo el conjunto de datos para identificar valores atípicos sin alienar al colectivo. Finaliza el marco de indemnización antes de tramitar las solicitudes. Los criterios predefinidos, los umbrales de prueba y las normas de valoración garantizan la coherencia a gran escala. Las normas ad hoc generan injusticias ad hoc.

Publicado originalmente en Lexology.

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[i] A efectos del presente artículo, el término «demanda colectiva» se utiliza como forma abreviada para referirse a toda la gama de mecanismos de reparación colectiva, incluidas las reclamaciones agrupadas y cedidas, tanto en regímenes de adhesión voluntaria como de exclusión voluntaria. Si bien estos difieren significativamente desde el punto de vista jurídico, desde la perspectiva de los datos y la tecnología jurídica los retos coinciden en gran medida.

[ii] CMS, Informe sobre las demandas colectivas en Europa 2025 (agosto de 2025), https://cms.law/en/gbr/publication/cms-european-class-action-report-2025.

[iii] Véase, por ejemplo, IDC, «Data Age 2025: The Digitization of the World from Edge to Core» (noviembre de 2018), https://www.seagate.com/files/www-content/our-story/trends/files/dataage-idc-report-final.pdf.

[iv] Véase, en particular, la «Estrategia de la Comisión para la política de los consumidores de la UE 2007-2013», de 31 de mayo de 2007, COM(2007) 99, https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/eu-consumer-policy-strategy-2007-2013.html; el Libro Verde de la Comisión sobre las vías de recurso colectivo de los consumidores, COM(2008) 794 final, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52008DC0794, y la Recomendación 2013/396/UE de la Comisión, de 11 de junio de 2013, sobre principios comunes para los mecanismos de recurso colectivo de carácter cautelar y indemnizatorio en los Estados miembros [2013] DO L 201/60, http://data.europa.eu/eli/reco/2013/396/oj.

[v] Véase, por ejemplo, «Disclosure in the Business and Property Courts», conferencia impartida por Sir Julian Flaux, canciller del Tribunal Superior, el 17 de enero de 2023, en particular los apartados 2 y 6, https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2023/01/Disclosure-Lecture-2023_.pdf.

[vi] Véase, por ejemplo, The Sedona Conference, «Comentario sobre la divulgación de datos de dispositivos móviles», 26 Sedona Conf. J. 735 (2025), https://www.thesedonaconference.org/sites/default/files/publications/Commentary_On_Discovery_of_Mobile_Devices_Data_Post_Public_Comment_Version_1.pdf.

[vii] Véase, por ejemplo, The Sedona Conference, «Comentario sobre la divulgación de datos de plataformas de colaboración», 26 Sedona Conf. J. 627 (2025), https://www.thesedonaconference.org/publication/Commentary_on_Discovery_of_Collaboration_Platforms_Data.

[viii] La mayoría de los casos fueron perseguidos de forma privada por la propia Oficina de Correos. Sin embargo, algunos casos fueron perseguidos por otros organismos, entre ellos el Servicio de la Fiscalía de la Corona, el Servicio de la Fiscalía de Irlanda del Norte y la Oficina de la Corona y el Servicio del Fiscal.

[ix] Bates y otros contra Post Office Ltd (N.º 3: Cuestiones comunes) [2019] EWHC 606 (QB) y (N.º 6: Cuestiones relacionadas con Horizon) [2019] EWHC 3408 (QB), https://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/QB/2019/3408.html.

[x] Ley de 2024 sobre infracciones en Correos (Sistema Horizon), https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2024/14/pdfs/ukpga_20240014_en.pdf.

[xi] Véase «Un juez jubilado del Tribunal Superior dirigirá la investigación sobre el sistema informático Horizon de Correos», comunicado de prensa del Gobierno del Reino Unido publicado el 29 de septiembre de 2020, https://www.gov.uk/government/news/retired-high-court-judge-to-lead-post-office-horizon-it-inquiry.

[xii] Ministerio de Empresa y Comercio, datos sobre indemnizaciones financieras del programa «Horizon» de Correos a 31 de enero de 2026, https://www.gov.uk/government/publications/post-office-horizon-financial-redress-and-legal-costs-data-for-2026/post-office-horizon-financial-redress-data-as-of-31-january-2026.

[xiii] Second Sight Support Services Ltd, «Programa de revisión inicial de reclamaciones y mediación: Informe informativo, segunda parte» (21 de agosto de 2014), apartados 18.6 a 18.12, documento POL00226961 de la investigación sobre el sistema informático Horizon de Correos, https://www.postofficehorizoninquiry.org.uk/sites/default/files/2025-06/POL00226961.pdf.

[xiv] Investigación sobre el sistema informático «Horizon» de Correos, Informe final, volumen 1: Repercusiones en las personas y medidas correctivas (HC 1119, 8 de julio de 2025), apartados 4.18, 4.22 y 4.28, https://www.postofficehorizoninquiry.org.uk/volume-1-post-office-horizon-it-inquirys-final-report.

[xv] Ministerio de Empresa y Comercio, datos sobre las indemnizaciones económicas del programa «Horizon» de Correos a fecha de 26 de junio de 2026, https://www.gov.uk/government/publications/post-office-horizon-financial-redress-and-legal-costs-data-for-2026/post-office-horizon-financial-redress-data-as-of-26-june-2026.

[xvi] Directiva (UE) 2024/2853 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2024, relativa a la responsabilidad por productos defectuosos y por la que se deroga la Directiva 85/374/CEE del Consejo [2024] DO L, 2024/2853, texto consolidado de 18 de noviembre de 2024, http://data.europa.eu/eli/dir/2024/2853/2024-11-18.

[xvii] BEUC, «Estudio jurídico comparativo sobre las normas procesales y su impacto en las acciones colectivas en la UE» (BEUC-X-2025-026, 2025), https://www.beuc.eu/sites/default/files/publications/BEUC-X-2025-026_Study_Procedural_Rules_Impact_on_Collective_Redress_in_EU.pdf.

[xviii] Considerando (42) de la PLD.

[xix] Directiva 2014/104/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de noviembre de 2014, relativa a determinadas normas que regulan las acciones de indemnización por daños y perjuicios en virtud del Derecho nacional por infracciones de las disposiciones en materia de competencia de los Estados miembros y de la Unión Europea [2014] DO L 349/1, http://data.europa.eu/eli/dir/2014/104/oj.

[xx] Directiva (UE) 2020/1828 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2020, relativa a las acciones representativas para la protección de los intereses colectivos de los consumidores y por la que se deroga la Directiva 2009/22/CE [2020] DO L 409/1, texto consolidado de 12 de septiembre de 2025, http://data.europa.eu/eli/dir/2020/1828/2025-09-12.

[xxi] Directiva (UE) 2020/1828, artículos 2 y 18, y anexo I. La Directiva se aplica a las acciones representativas relativas a infracciones de la legislación de la UE enumeradas en el anexo I que perjudiquen o puedan perjudicar los intereses colectivos de los consumidores. El anexo I abarca una amplia gama de ámbitos, entre los que se incluyen la protección de datos, los servicios financieros, los viajes, la energía y las telecomunicaciones; texto consolidado de 12 de septiembre de 2025, http://data.europa.eu/eli/dir/2020/1828/2025-09-12.

[xxii] Ley de 6 de marzo de 2024 por la que se modifica el Código de Procedimiento Civil y otras leyes en relación con la simplificación y modernización del derecho probatorio (Ley de simplificación y modernización del derecho probatorio), Stb. 2024, 62, https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2024-62.html (neerlandés).

[xxiii] Véase, a modo de ejemplo, la Instrucción Práctica 57AD, apartados 9.6–9.7, y el Apéndice 1, apartados 1.3 y 1.15, https://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/rules/part-57a-business-and-property-courts/practice-direction-57ad-disclosure-in-the-business-and-property-courts; Pyrrho Investments Ltd contra MWB Property Ltd [2016] EWHC 256 (Ch), apartados 31 a 35, https://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Ch/2016/256.html.

[xxiv] Artículo 22 del Reglamento (UE) 2016/679 (Reglamento General de Protección de Datos) [2016], DO L 119, p. 1, http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj.

[xxv] Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial [2024] DO L, 2024/1689, http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj.